Probablemente podrá usted haberse dado cuenta que la creciente movilización generada por los estudiantes no es una contingencia generada recientemente bajo el actual contexto de la crisis educativa, muy abordada y discutida en diversos espacios radiales, de televisión, medios de comunicación en general, respecto a las demandas generadas por el universo estudiantil.

Pero lo que nos reúne es exponer las consecuencias que derivan de las relaciones entre el Estado y los agentes sociales, la relevancia que cobra el restituir las relaciones entre el Estado como aparato organizador y articulador de la sociedad, se convierte en una especie de piedra angular institucional, esto debido a las transformaciones sucedidas desde que existe una preeminencia de la filosofía neoconservadora según la cual postula un divorcio entre la política y la ciudadanía, que podría resumirse en el objetivo de emplear una secularización entre el Estado, la política, como a su vez de la ciudadanía, orientado hacia una racionalidad pragmática, donde se valora la función económica del pensamiento, y la concertación política por sobre otros requerimientos que la sociedad exige.

La desintegración social es uno de los efectos de la privatización de la opinión pública, como también así del cambio semántico agregado a la concepción moderna de entender la participación política hacia un cambio de perspectiva que nos habla sobre la participación ciudadana, pudiéndonos dar cuenta de que nuevamente lo que importa es vaciar de cualquier contenido político, toda discusión o debate por el cuál se pudiera constituir una ciudadanía potencialmente participativa. Este fenómeno se explica por la introducción de la flexibilidad laboral, a los cambios en el mercado de trabajo, sumado a la despolitización generalizada de todos los ámbitos, sean económicos, políticos o sociales; significativo es la deslegitimación de los partidos políticos tradicionales que son los representantes directos de los intereses de la ciudadanía, que es donde reside el concepto de soberanía popular. Los sistemas de partidos, con sus consiguientes instituciones asociadas, poseen una dificultad para conectar con las demás ciudadanas.

La democracia es asumida como un método gestión o de administración, donde se prefiere las soluciones de orden técnico, para poder resolver las exigencias de las personas, pero más allá de eso, la ciudadanía no se moviliza por demandas o petitorios nacionales o que aborden temáticas globales; el auge de los movimientos sociales en ascenso, ocupa el escenario, apropiándose del espacio social, demandas tendientes a resolver conflictos de interés sectorial o que atañen a un pequeño grupo, tales demandas tienen vigencia cuando son captadas por vías socialmente aceptadas e institucionalmente por los canales regulares que proveen los gobiernos de turno.

Lo público es una arista a considerar si nos proponemos comprender el proceso por el cuál se entiende que, Lechner (1992:11,12), lo público constituye un ámbito específico distinto a la esfera política y a la esfera estatal: el lugar de la deliberación colectiva de los ciudadanos y la modalidad en que la preocupación ciudadana por el orden social puede actualizar lo político en la política. Se entiende este espacio, como un lugar donde la ciudadanía ejerce su opinión, estableciendo instancias deliberativas, que crean una comunicación constante entre los agentes privados, el Estado, y la política. Preponderancia han ganado también la inclusión de actores privados que cumplen funciones públicas, como ONG´S, empresas que actúan con el afán de servicio público, facilidades que son bienvenidas para el aparato estatal, pues muchas veces ve limitadas sus funciones, por lo que estos organismos, pueden planificar mejor, el desarrollo de programas sociales, aunque de corto plazo en cuanto a la intervención, que en muchas situaciones pudiera necesitar de un monitoreo constante en un período de tiempo, para que sea efectiva tal ejecución provista por los proyectos.

Por ello, la importancia radica en que este movimiento por la educación pública se constituye como una base importante, pues encarna una mirada global, en el sentido de que lo que se reclama es que se tenga consideración con los actores que median en la educación, no son demandas sectoriales, ya que los intereses son de construir una educación pública de calidad donde el Estado tenga un protagonismo en la administración de los recursos, como así también se busca espacios de integración y de participación ciudadana en los proyectos político-sociales que tenga agendado el gobierno de turno.

Una posible solución para que la ciudadanía se exprese, es buscar caminos inclusivos que les permita participar de manera local por sus demandas, desarrollar programas sociales en conjunto con las asociaciones, pues es recomendable, implicar a los sujetos en su co-construcción, pues no se aprovecha el nivel de autogestión o los talentos que los sujetos se crean en su diario vivir, la cogestión; todos ámbitos a desarrollar. Han existido instancias para poder integrar a los movimientos sociales en la construcción de programas sociales gubernamentales, pero las continuas trabas que el sistema estatal coloca (las limitaciones presupuestarias, que dejan un margen deficitario de acción a las organizaciones para la realización de sus objetivos, no respetan las autonomías de los grupos sociales o comunitarios movilizados).

Aunque se debe tener en cuenta que cuando la institución, busca integrar a organizaciones sociales (como los estudiantes), comunitarias en la elaboración de un programa social, el Estado busca maximizar sólo las funciones que les sirven a sus propios objetivos cuando ven la posibilidad de fomentar la participación social.